SALVADOR
ALLENDE
Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular. Santiago, 5 de
septiembre de 1972 (fragmentos).
35. Una Constitución más
democrática. (*)
No hay otra salida, como lo he dicho, que la campaña que debemos dar en
marzo de 1973. Pero no con un sentido corriente electoral, no como una campaña
electoral más. Tenemos que levantar una gran plataforma que señale al pueblo la
tarea que tiene que alcanzar. Tenemos que decirle que hay que dictar una nueva
Reforma, una nueva Reforma Agraria, una nueva Ley de Reforma Educacional, un
nuevo Código Tributario, un nuevo Código del Trabajo.
Debemos establecer la nueva seguridad social. Debemos, compañeros, hacer
posibles los derechos y los deberes de los trabajadores. Debemos afianzar la
presencia de los trabajadores definitivamente en el manejo de la cosa pública,
y junto a las iniciativas programáticas que no constituyen una plataforma
electoral, debemos dictar una nueva Constitución. Para ello debemos ganar la
principal batalla, obteniendo la primera victoria en la campaña electoral del
73, con el fin de conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no la
alcanzáramos, tendríamos siempre la perspectiva de una gran tarea por delante.
Esta tarea, el servicio de los trabajadores, no sólo debe preocupar a los que
militan en nuestras filas, sino que miles de trabajadores deben estar junto a
nosotros para que podamos establecer nuevas instituciones para que Chile camine
de acuerdo con su propia realidad económica y social.
El Chile de hoy no es el Chile de comienzos de siglo. El Chile de hoy, 5 de
setiembre de 1972, no es el Chile del 4 de noviembre o del 3 de noviembre de
1970.
Chile dictó la Constitución Pelucona el año 1833 y la Constitución Liberal
el año 1925. Va a cumplir 50 años el año 1975.
Tenemos que dictar una nueva Constitución, una Constitución para esta nueva
etapa que estamos viviendo, para este proceso revolucionario.
No podemos dictar una Constitución burguesa, ni una Constitución
socialista. Tenemos que dictar una Constitución que abra el camino hacia el
socialismo, que consagre derechos y que haga que los trabajadores gobiernen
este país.
Debemos entregar, entonces, las ideas fundamentales para que sean
discutidas, analizadas y conversadas en el sindicato, en las faenas, en las
industrias, en las escuelas, en los hospitales, en el taller y en el hogar.
Que no haya muchacho que no sepa leer ni escribir; que no haya anciano, que
no haya analfabeto, que no oiga explicar y leer las bases de la Constitución
que queremos.
Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que
debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental
que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano.
Quiero entregar esta tarde, como tarea al pueblo de Chile, el estudio, la
discusión y el análisis de las bases fundamentales de la nueva Constitución que
con el esfuerzo, el tesón y el empuje pondremos en marcha, una vez que
conquistemos el instrumento que nos permita hacerlo.
La solución de las dificultades presentes sólo pueden darla los
trabajadores, e impedir su propia concepción del orden social sobre el de la
burguesía.
Las instituciones políticas actuales están concebidas para una sociedad
capitalista que ya no existe en su contenido original.
Tampoco el socialismo es una realidad. El país se encuentra en movimiento y
necesita darse el régimen político más idóneo para organizar y encauzar la vida
nacional.
Un Estado como el chileno no puede funcionar indefinidamente con la
obstrucción sistemática irreconciliable contra el Gobierno por parte de los
otros poderes.
En forma sutil, pero real, el Congreso ha construido un cerco de fuerzas
alrededor del Gobierno, al rechazarle una tras otra iniciativas fundamentales
de orden social y económico.
Una situación de enfrentamiento de esta naturaleza es peligrosa y crea
incertidumbre e inquietud.
Deben por consiguiente resolverse para la izquierda, para el Gobierno
Popular, las soluciones que da la clase trabajadora. Para la mayoría actual del
Congreso, la solución es imponer los intereses de los capitalistas por encima
de los trabajadores. Por eso necesitamos redefinir totalmente la Carta
Fundamental que rige nuestra vida política, y para ello, tenemos que alcanzar
la victoria en la Cámara de Diputados.
En esta Carta Fundamental debemos encauzar dos aspectos esenciales de la
vida del pueblo.
Dar más libertades. Ampliar las libertades y derechos, incorporando a la
Carta Fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Garantizar el pluralismo social, político y cultural. Asegurar
a los grupos étnicos, autóctonos, el derecho a desarrollar su personalidad
cultural y el cultivo de su lengua materna. Reconocer a la Isla de Pascua el
derecho a tener un representante en el Congreso.
Establecemos para los trabajadores la estabilidad del empleo y una
remuneración mínima digna para él y su familia. La necesidad de superar las
diferencias entre el trabajo manual e intelectual, y entre la ciudad y el
campo.
Los trabajadores deberán dirigir las empresas. Se dará reconocimiento
constitucional a los sindicatos, como expresión orgánica de los trabajadores, y
de la CUT, como su expresión máxima.
Las prestaciones de seguridad social deben otorgarse en consideración al
estado de necesidad de los beneficiados.
Todas las personas tienen derecho, en igualdad de condiciones, a idénticas
prestaciones ante un mismo estado de necesidad. Hay que asegurar el derecho a
la educación desde la etapa preescolar y su carácter permanente. Establecer los
derechos fundamentales de la familia, reconocer la igualdad plena del hombre y
de la mujer. La protección especial de la madre soltera, la investigación de la
paternidad y la obligación del Estado de hacer efectivos sus principios y
deberes básicos.
Todo hombre tiene el deber de trabajar de acuerdo con su Propia capacidad y
no puede reclamar beneficios de la sociedad si no rinde con sus posibilidades
corporales, intelectuales, o la creación, un resultado que represente un aporte
material, científico o cultural a la comunidad. El derecho se otorga al que
cumple con deberes, y el deber fundamental que establecerá nuestra Constitución
es el deber de trabajar por el progreso de Chile.
Hay que establecer el principio de que la economía del país está al
servicio del pueblo, delimitar claramente nuestra concepción de la coexistencia
necesaria de la economía social en la industria, minería, agricultura y
servicios.
Reservar para el Estado todas las riquezas básicas del suelo, del subsuelo,
del fondo del mar dentro de 200 millas del mar territorial. Institucionalizar
el plan de desarrollo como instrumento superior de la actividad económica y
social, con participación fundamental de los trabajadores. (Un plan democrático
en su gestación, central en su formulación, y descentralizado en su ejecución).
Organizar el sistema financiero y tributario al servicio del Sistema
Nacional de Planificación.
Fuerzas Armadas y de Orden. A los criterios vigentes existentes destinados
a defender la soberanía nacional y la integridad de la frontera se agrega a su
papel de las Fuerzas Armadas, relevante, en la seguridad nacional, lo que
implica su presencia activa en las industrias y servicios estratégicos, en la
planificación.
A los servicios de orden público, Carabineros e Investigaciones, debe
corresponder, junto a sus tareas específicas, una amplia labor social que hoy
cumplen, pero hay que especificar mayormente.
Tribunales de Justicia y Contraloría. Modernización y democratización de la
función judicial, ampliar las facultades del Tribunal Constitucional, crear los
Tribunales de lo contencioso y administrativo. Establecer la temporalidad de
sus cargos de los Ministros de la Corte Suprema y su duración al cumplir 65
años de edad. Democratizar el Tribunal Calificador de Elecciones. Garantizar a
todos los ciudadanos la atención jurídica. Modernizar la Contraloría General de
la República y establecer su interrelación con la Superintendencia de Bancos,
Sociedades Anónimas y Superintendencia de Previsión Social.
Constitucionalidad y legalidad. El actual sistema legislativo, confuso,
contradictorio y anacrónico, debe ser reemplazado por otro sencillo, claro,
sistemático y adaptable a las actuales condiciones de la vida social. La
organización jurídica del Estado se basa en el respeto por parte de las
autoridades, funcionarios y ciudadanos, de las normas constitucionales y
legales. Las autoridades del Gobierno y los funcionarios son responsables de
los abusos que cometan y de las omisiones y lenidades en que incurran.
Administración territorial. La administración y planificación de Chile debe
ser democrática y descentralizada. En cada provincia debe organizarse una Junta
Provincial encargada de promover el desarrollo económico y social, integrada
por representantes de los servicios del Estado, de los municipios y de los
cabildos vecinales. La región, los cabildos vecinales, las comunas y
municipios, las provincias, deben coordinar su capacidad de trabajo dentro de
la concepción más adecuada a las exigencias económicas actuales de esa región. La
administración de la región debe contar con un Consejo Económico-regional
encargado de proponer las orientaciones del desarrollo económico-social y
ejecutar las directivas del plan.
Al frente de cada región debe haber un viceministro regional dependiente
directamente del Presidente de la República, encargado de coordinar y ejecutar
los planes y programas de la región, hay que institucionalizar el poder de los
trabajadores. Día tras día estamos contemplando el esfuerzo de nuestro pueblo
por actuar organizadamente a través de instituciones nuevas, desconocidas
apenas unos meses atrás. Es así como en el centro de trabajo agrícola,
industrial o minero, de los lugares donde viven, las Asambleas de Trabajadores,
los Comités de Producción, la participación de los trabajadores en la
dirección, son hoy una realidad. El proceso de configurar debe configurarse en
las empresas e industrias del área social, en los asentamientos, en los centros
de Reforma Agraria, en los hospitales, en las oficinas, por todas partes deben
estar ustedes, y están siendo probadas, ensayadas nuevas formas de organización
popular.
En las comunas, el pueblo debe asumir directamente responsabilidad de
dirección central a través de las organizaciones comunitarias y de las juntas
de abastecimiento popular.
Este es el Chile de los trabajadores en movimiento. Es nuestra tarea
contribuir a que la energía creadora de los trabajadores, en la búsqueda de una
nueva organización que les asegure realmente el ejercicio del poder, encuentre
el cauce adecuado.
Debemos hacer que la Constitución reconozca el poder de los trabajadores en
las comunas, en los centros de trabajo, en el aparato del Estado.
Comunas. Proponemos la creación, en cada comuna, de cabildos vecinales que
entreguen a los representantes de las organizaciones comunitarias y de
trabajadores los medios de atender directamente sus problemas locales en
colaboración con los servicios públicos.
En los centros de trabajo debe elevarse el nivel de principios fundamental:
que los trabajadores dirijan sus centros de trabajo de acuerdo con la ley, en
el aparato del Estado.
Las organizaciones representativas de los trabajadores deben participar
institucionalmente en la elaboración de la política económica del Gobierno,
particularmente en la formulación democrática del plan de desarrollo.
El Consejo de Desarrollo Económico Social debe ser reconocido por la
Constitución, pero no debemos limitamos a establecer la simple participación de
las organizaciones sindicales en la planificación central, sectorial, regional,
comunal y las empresas.
Los trabajadores deben conseguir ser ellos, la mayoría del país, quienes
tengan la palabra decisiva en todo lo que se refiere a la economía del país.
Son los trabajadores, la fuerza creadora de la economía, quienes deben
tener el predominio de la economía nacional. Cómo conseguir que los
trabajadores lleguen a dirigir la economía del país y controlar el poder
político. Esta es la cuestión fundamental, indispensable para que Chile
progrese resueltamente por el camino revolucionario que nuestra historia nos ha
trazado.
Todos los trabajadores deben discutir y resolver esta cuestión política
fundamental. Los obreros, campesinos, técnicos, profesionales, empleados,
trabajadores independientes que viven sin explotar a nadie, asentados, pequeños
propietarios, comerciantes e industriales.
Aquí reside la fuerza de Chile, y esta fuerza debe dirigir, desde el Estado
mismo, la economía nacional en el Gobierno, mediante su participación activa en
la planificación, pero también en el Congreso. Proponemos que se discuta y se
analice la naturaleza del futuro Congreso.
Caben, a mi juicio, tres opiniones principales, a saber: mantener el
Congreso bicameral presente. Eso es poco aceptable y opino que no puede ser
así. El Congreso con una sola cámara, al igual que se propuso en noviembre
último, es una probabilidad. La tercera, sería junto a la Cámara de Diputados,
elegida por todos los ciudadanos del país, como la actual, todos los
trabajadores deben elegir en votación nacional, secreta y directa, la Cámara de
Trabajadores.
El proceso revolucionario exige, en forma cada vez más perentoria, que el
poder del Estado responda realmente a la mayoría del país, a las fuerzas
creadoras, en forma democrática y pluralista, posibilitando la expresión de
todas las corrientes de opinión, pero asegurando la supremacía a la clase
trabajadora, porque en esto consiste nuestra revolución anti-capitalista: que
el poder esté en manos de los trabajadores.
La representación parlamentaria debe ser actualizada de acuerdo con la real
distribución de la población, y debe elegirse un diputado por cada setenta mil
habitantes.
Las elecciones parlamentarias deben realizarse conjuntamente con la
elección del Presidente de la República, cada seis años. El Presidente de la
República, elegido por la autoridad de los ciudadanos, podrá disolver el
Congreso una vez en su mandato, convocando a nuevas elecciones.
Debe ser institucionalizado el Consejo de Ministros que, presidido por el
Presidente de la República, adoptará las resoluciones generales, en materia de
orden económico, político, social y administrativo, coordinando la actividad de
los Ministros. La administración del Estado debe constituir un todo, una
totalidad orgánica.
Se trata de que el pueblo conozca y discuta. El Gobierno quiere promover la
discusión clara del futuro político del país, para resolverlo que los
trabajadores conscientemente decidan.
Si me he reunido esta tarde con ustedes, si he ampliado demasiado mis
observaciones, es porque creo que un pueblo que ha alcanzado la etapa
revolucionaria en la conciencia que tiene el pueblo chileno, debe comprender
que es fundamental institucionalizar su Revolución.
Tenemos que establecer un Estado de derecho, el Estado de derecho del
Gobierno del Pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada joven y cada anciano de
Chile debe entender que es su obligación profundizar en los aspectos que he
planteado.
No se trata de entregarles fórmulas prefabricadas. Se trata de que ustedes
mismos analicen, piensen y sientan la necesidad de darse la Carta Fundamental.
Esa será la gran bandera, que levantaremos no sólo con un contenido electoral
sino como un proceso social para que esta Revolución que se expresa en el
pueblo, en las calles, en la oficina, en la escuela y en el trabajo, esta Revolución
que es mayoritaria, por la voluntad consciente de la inmensa mayoría de los
chilenos, alcance los niveles institucionales que la hagan permanente e
irreversible.
Compañeros y compañeras, ciudadanos de mi patria: en esta etapa de Chile
necesitamos la conciencia de ustedes para afianzar la Revolución Chilena, hecha
de acuerdo con nuestra historia y nuestra voluntad.
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Notas:
Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular. Santiago, 5 de
septiembre de 1972 (fragmentos).
